CARTA ABIERTA

Somos un grupo de Asociaciones de Inmigrantes extracomunitarios residentes en Canarias que queremos poner voz a lo que está pasando, ante la inhumana deriva que está tomando la política española, y la europea, en materia de inmigración y extranjería, con la ya famosa Directiva de la Vergüenza y su transposición en España con la reforma de la Ley de Extranjería.

Queremos llamar la atención sobre lo que esta reforma implica, cuando aún se debate en el Parlamento de España y se está a tiempo de rectificar. Queremos hacerlo porque la reforma, a nuestro entender y al de otros muchos colectivos y asociaciones, supone un retroceso claro en los derechos que los inmigrantes hemos adquiridoy que todo ser humano merece por el simple hecho de ser persona.

Y ello, en base a los siguientes puntos:

1. Tratamiento y derechos de los menores. Se excluye a los menores inmigrantes del derecho a la educación post-obligatoria (de 15 a 18 años), un derecho reconocido universalmente por el Tribunal Constitucional español y por los Tratados internacionales firmados por España en materia de menores.

   En igual línea, se vulneran Convenios internacionales en materia de protección de los derechos del niño cuando se permite, en la nueva ley, que los menores acusados de la comisión de un delito sean tratados con la misma dureza y rigidez que los adultos, y a los menores en situación irregular se los encierre en un CIE en lugar de en centros de acogida.

   En ambos casos, la reforma parece olvidar el interés superior del menor como regla primera, olvidando que los niños son niños antes que inmigrantes.

2. Restricción de derechos. Más allá de lo concerniente a menores inmigrantes, se restringen diferentes derechos que hasta la fecha eran de aplicación a los inmigrantes residentes en todo caso, pasando ahora a ser privativos de los inmigrantes residentes de larga duración. Tal es el caso de lo que ocurre con las ayudas para acceso a vivienda o el derecho a la reagrupación familiar (limitado además a los mayores de 65 años).

   De igual manera, se complican los requisitos exigibles para las renovaciones de permisos a inmigrantes, con el subsiguiente riesgo de caer en la irregularidad sobrevenida o de aumentar la economía sumergida.

   Con estas medidas de nuevo viola España varios tratados internacionales, como son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas migrantes y sus familiares.

3. Trámites procesales. La nueva ley establece un procedimiento especial diferente y exclusivo (mucho más complicado que el que se aplica a los nacionales) para los inmigrantes extranjeros que necesiten acudir a la justicia. Esta discriminación choca de frente con la Constitución Española y con otros tratados internacionales como son la Convención Europea de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pudiendo privar a los inmigrantes del derecho a la tutela judicial efectiva.
4. Criminalización del inmigrante irregular. La reforma del texto carga las tintas contra los inmigrantes en situación de irregularidad hasta extremos que pueden ser calificados como xenófobos y no harán más que aumentar la visión negativa que la población autóctona tiene ya de los inmigrantes, con el riesgo que esto conlleva en derivar en conductas racistas y violentas. Dicha persecución llega hasta el punto de tipificar como delito a los particulares que ayuden a un inmigrante a permanecer en España, aun cuando no medie ánimo de lucro alguno en el español. En otras palabras, el Gobierno español está castigando la hospitalidad, un valor fundamental para toda sociedad que quiera llamarse civilizada.
5. Centros de Internamiento (CIE). No le basta al Gobierno de España con mantener un sistema que encierra sistemáticamente a personas que no han cometido delito alguno, ni le basta con hacerlo en lugares que no reúnen las condiciones mínimas para una vida digna y que hasta la fecha han permanecido ajenos a toda fiscalización exterior, sino que además prevén en la nueva ley aumentar el tiempo de reclusión hasta 60 días igualmente sistemáticos, ampliables a seis meses en determinados supuestos. Este nuevo giro no hace más que confirmar que lo que se pretende con el internamiento y la figura del CIE no es tomar medidas cautelares para casos concretos sino mandar un mensaje de castigo claro a todos los inmigrantes, para que sepamos que si somos detenidos y carecemos de documentación legal para estar en España pasemos probablemente por un largo y penoso encierro.

Y como dijimos al principio, esto no sólo lo denunciamos nosotros, lo dicen también otros muchos informes, manifiestos y denuncias elaborados recientemente y desde hace ya años por colectivos de defensa de los Derechos Humanos (CEAR, Amnistía Internacional, SOS Racismo, APDHA, Médicos del Mundo, HRW, etc.), en los que llaman la atención sobre lo que ha sido la política de inmigración en España y la que será con la reforma de la Ley de Extranjería. Pero además, recientemente lo están empezando a denunciar también otros colectivos de reconocido prestigio que poco o nada tienen que ver con los inmigrantes, de donde destacamos los informes emitidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Grupo de Inmigración y Sistema Penal.

En tal sentido, el CGAE hizo público en febrero un informe (Anexo 1) a propósito del Anteproyecto de Reforma de la Leyde Extranjería donde desmontaba de manera contundente muchos de los argumentos esgrimidos desde el Gobierno para justificar dicha reforma, de donde destacamos una frase muy significativa: Lamentable operación de imagen por la que tendrán que pagar con su libertad miles de personas.

En la misma línea pero centrado en los CIE se haya el informe (Anexo 2) que en marzo pasado hizo público el Grupo de Inmigración y Sistema Penal. Un documento en el que, además de poner de manifiesto las situaciones de indignidad y humillación permanente que sufren los internos –denunciado desde hace años por ONG, asociaciones de inmigrantes y sindicatos de todo tipo-, los juristas analizan en profundidad el estado de la Ley y las consecuencias nefastas que traerá su próxima reforma, apuntando multitud de abusos e injusticias y aportando alternativas mucho más humanas.

Llegado a este punto creemos tener argumentos suficientes para mostrar nuestra honda preocupación ante la nueva reforma y las consecuencias que traerá, en una realidad, la española, donde “llueve sobre mojado”, tras los años que lleva la clase política usando el fenómeno migratorio como un arma política atemorizando a la opinión pública de manera interesada e injustificada. En este contexto, no es de recibo y es además muy peligroso para la convivencia que en plena crisis económica los políticos nos vuelvan a utilizar al colocarnos como el chivo expiatorio que cargará con la culpa de todo lo que pasa, cuando todos saben que nosotros no somos los culpables sino una víctima más. Olvidan que en la última década hemos sido parte fundamental en la bonanza económica que ha experimentado Europa, hemos ocupado la mayoría de trabajos que aquí nadie quería, hemos pagado impuestos y cumplido con nuestros deberes como ciudadanos, y hemos traído juventud y cultura a una sociedad siempre necesitada de ello. Y olvidan lo más importante: que somos seres humanos.

Tras todo lo dicho, con el debido respeto,

PEDIMOS:

I. -A la clase política canaria, a la española, a la comunitaria y a la extracomunitaria: que sean conscientes, cada cual desde su Institución, del camino al que se está avocando a los ciudadanos europeos con esta política inhumana, absurda, ignorante, represiva y claramente xenófoba, y tomen cuantas medidas estén en su mano para rectificar ahora que aún se puede, porque llegará un día, tal vez muy pronto, en que los españoles, y los europeos, necesiten de la ayuda de nuestros países, y es posible que entonces, quienes allí gobiernen, se acuerden de lo que ustedes hicieron con nosotros.

II. -A los que trabajan por la Educación, la Cultura y las Artes, en España y fuera de España, como referentes a seguir que son para muchos ciudadanos: que asuman la responsabilidad que han adquirido como garantes de la formación de las generaciones futuras, y tomen partido activo por la justicia, la dignidad y la solidaridad humanas, en lugar de callar y asentir con la barbarie de sus gobiernos.

III. -Y a los ciudadanos españoles, en general, y a los europeos: que no nos vean como una amenaza sino como una oportunidad; que detengan por un momento sus aceleradas vidas y reflexionen sobre la clase de personas en que se están convirtiendo, ya que, al deshumanizarnos son ustedes los que se deshumanizan, y piensen que ustedes también pueden hacer oír su voz de manera responsable para construir entre todos una sociedad más justa.

En Arona, Santa Cruz de Tenerife, un 28 de abril del año 2009.

Firman y secundan esta carta las asociaciones que figuran a continuación:

- Fragmento tomado de la página 14 del informe del CGAE.

- Este grupo lo forman una Catedrática de Derecho Penal, dos profesores de Derecho Penal, un profesor de Ética social, un Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, un Magistrado de un Juzgado de Instrucción de Madrid, un Fiscal del Tribunal Supremo y un Letrado del Tribunal Constitucional.

Fuente: CEMIGRAS